Concejo de Carreño

En Carreño parecen estar enloqueciendo, porque no tienen otro remedio, pues se trata de un gobierno que intenta zafarse de sus responsabilidades políticas, al no querer denegar a la Autoridad Portuaria de Gijón  (de la que el alcalde de Carreño es consejero, con buenos emolumentos), la licencia para explanar el territorio que se extiende entre las playas de Xivares y Peña María, para construir allí un ciclo combinado, y de paso utilizar la piedra del desmonte para macizar la plataforma de El Musel, donde se instalará la planta regasificadora, de la que saldrá el gas que alimentará ese ciclo combinado. Carreño no quiere denegar esa licencia, pero a la vez, los gobernantes del PSOE e IU que allí toman las decisiones, pretenden quedar bien con los ciudadanos que se oponen a la destrucción de la zona. Lo de siempre, repicando y en la procesión, con el pueblo y contra el pueblo, tú vótame que ya haré yo lo que me dé la gana.

Resulta que la construcción de un ciclo combinado en Xivares, como el de la explanada de Aboño que hace tiempo que se encuentra pendiente de una resolución, forma parte de la locura desatada en su día, cuando un gobierno regional compuesto por las mismas fuerzas políticas que gobiernan en Carreño, pretendió convertir Asturias en un gran estercolero ambiental, a partir del denominado “Polo energético del Puerto de El Musel”. La Comisión Nacional de la Energía se oponía a que el Estado autorizase la capacidad de regasificación que justificase la construcción de la regasificadora, pero el gobierno se había propuesto sacarla adelante como fuera, y entonces se abrió una especie de subasta para que las eléctricas pujasen por construir ciclos combinados en Asturias.

Graciano Torre, consejero de Industria, llegó a anunciar que había más de veinte peticiones -exageraba la cifra para justificar lo injustificable-, y la presión política combinada del PSOE asturiano y de Izquierda Unida, ante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, logró el objetivo absurdo e irracional que se proponía: el Estado aceptó las propuestas de Asturias, y en noviembre del año 2006, el ejecutivo central aprobó la adjudicación de la regasificadora a Enagás. Para entonces, la Autoridad Portuaria de Gijón ya había concedido el uso de la futura plataforma de El Musel a la misma compañía -adjudicación que tuvo que anular para convocar un trámite de competencia, ante un recurso presentado por Fenosa-, y preparaba los papeles para la concesión de la explanada de Aboño, así como para la expropiación de los terrenos de Xivares y Peña María, para hacer allí el segundo ciclo combinado.

Los socialistas y el conglomerado compuesto por IU, BA y Los Verdes no podían aparecer ante los ciudadanos como los responsables de una planificación energética brutal, pues se trata de grupos repletos de demagogos, con múltiples terminales ecologistas, que basan buena parte de sus campañas electorales en la “defensa del medio ambiente” y la “lucha contra el cambio climático”, que en cuanto toman el poder se lanzan a construir infraestructuras energéticas a lo loco, pues mueven mucho dinero y ya se sabe lo que pasa con la política en España y los beneficios ocultos que se suelen enmascarar tras la financiación ilegal de los partidos. Por eso, porque no podían hacerlo, optaron por esconder sus actuaciones, y en vez de cumplir las leyes, prefirieron violarlas de manera descarada, profundamente dolosa y desvergonzada, tramitando a escondidas la planificación energética asturiana, sin dar participación a los ciudadanos y sin abrir una discusión pública sobre sus contenidos. El resultado está a la vista, la gente anda confusa, despistada, cuando no perdida, como sucede en Carreño con el manicomio que tiene montado su ayuntamiento, que pretende echar la culpa a los jueces de la Audiencia Nacional de lo que hacen ellos mismos, pues recurrir el desmonte porque no tiene trámite de impacto ambiental, y anunciar que se piensa otorgar la licencia, es un comportamiento más propio de locos -o pillastres- que de seres humanos equilibrados y decentes.

Pero la realidad es tozuda, y aunque el documento final aprobado por el gobierno de Asturias del PSOE e IU, en abril del 2007, no contemple el detalle de las instalaciones que ampara, y que fueron incluídas en sus previsiones globales en el Plan Energético Nacional, aprobado un año después, en mayo del 2008, lo cierto es que ese documento suple el debate público, y el proceso de información y participación ciudadanos, que debía de haberse realizado antes de la aprobación de la planificación nacional, en el que lógicamente tenía que haber participado forzosamente, tanto el ayuntamiento, como los ciudadanos de Carreño, al igual que el resto de los concejos y ciudadanos de Asturias que padecen las consecuencias de esta planificación en toda Asturias, de norte a sur y de este a oeste.

En esta situación, es evidente la responsabilidad política por las gravísimas irregularidades, cuando no descaradas violaciones de las leyes, en las que parecen haber incurrido los responsables del gobierno de Asturias, al permitir que proyectos como los que convierten Aboño en un auténtico sumidero, no han respetado el Convenio de Aarhus, que específicamente establece la obligación de dar participación en las decisiones sobre los planes, ni mucho menos la LEY 27/2006, de 18 de julio, cuyo Artículo 3 deja clarísimo que los ciudadanos tienen derecho a formular alegaciones y observaciones “cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente”.

Como quiera que es evidente que ni en Carreño ni en ningún concejo asturiano se ha respetado la legislación vigente en la planificación energética, y que esta planificación trae como consecuencia la construcción de una regasificadora, unos ciclos combinados, unos gasoductos, unos parques eólicos, unas subestaciones y unos tendidos de interconexión y transporte de energía que afectan a toda Asturias, aquí y allá surgen situaciones tan locas como la de Carreño, que no son diferentes en Oviedo, Gijón, Corvera, Mieres, Soto de Ribera, Aller, Las Regueras, Los Oscos o Piloña, por poner algunos ejemplos claramente afectados, e implicados por lo tanto en el manicomio energético de la izquierda “ecologista” asturiana, que tanto bramaba contra el “Prestige”.

Ahora toca que la gente vaya cayendo de la burra, aquí y allá, dándose cuenta de que las consecuencias de esta planificación global no se pueden ocultar con burdas operaciones de despiste, como el recurso presentado por Carreño por cuestiones ambientales, o el que pretenden presentar los responsables de algunos grupos ecologistas sometidos a los intereses del gobierno, contra una de las autorizaciones administrativas de la regasificadora, alegando cuestiones mediambientales o problemas menores de procedimiento, pero escondiendo siempre la cuestión mayor: la marginación de la ciudadanía de la planificación del sumidero asturiano.

Juan Vega para Elcomentario.tv